EL SECTOR PRIVADO Y LA EDUCACIÓN
Los desafíos de la educación argentina requieren del compromiso de todos.
• El Estado es responsable de la educación y tiene la obligación de garantizar la escolaridad de niñas, niños y adolescentes en todo el país desde una perspectiva de derechos.
• Empresas comprometidas socialmente y fundaciones donantes contribuyen con la educación y destinan hasta un 70% de su Inversión Social Privada (ISP) a su desarrollo.
• Organizaciones de la sociedad civil especializadas realizan estudios, movilizan a la ciudadanía y buscan incidir para una mejor educación.
Pero tanto el esfuerzo de unos y otros es insuficiente.
Es hora de actuar juntos. Si concebimos a la educación como un derecho humano fundamental y un motor transformador de la sociedad debemos acelerar el encuentro de nuestras instituciones para ese fin. Cuál es la mejor articulación de empresas, OSC y el Estado para una mejor educación es la pregunta que nos llevó a este posicionamiento que hoy presentamos.

¿POR QUÉ?
En la Argentina de cada 100 estudiantes que ingresan a la secundaria, solo 45 logran egresar y apenas 27 lo hacen en la edad correspondiente. Esto sucede en un país que tiene a más del 57% de sus niños y niñas en situación de pobreza. El sector privado reconoce la responsabilidad indelegable del Estado y busca actuar de manera estratégica y complementaria.
Empresas y fundaciones donantes invierten en formación docente, equipamiento de escuelas, programas de becas y tutorías, innovación tecnológica y capacitación para la empleabilidad,

entre muchas otras acciones que hacen de la educación la agenda prioritaria de inversión social.
Sin embargo, la envergadura de los desafíos que enfrentamos como sociedad nos obliga a más.

POSICIONAMIENTO POLÍTICO E INSTITUCIONAL
Con ese espíritu un grupo de 75 líderes de inversión social privada, docentes, funcionarios públicos y expertos en educación nos dimos cita para incidir en mejores políticas educativas y definir una agenda de pocas prioridades para hacer más efectivos nuestros aportes. Sin desconocer las obligaciones jurídicas del Estado, las empresas y las OSC acordamos la necesidad de ir más allá una ética de mínimos y contribuir de manera sensible al bien común. Desde la ISP queremos llevar nuestras experiencias y aprendizajes individuales a una construcción compartida. Impulsar estrategias coordinadas, multiactorales y expresar no sólo qué necesitamos como actores económicos de la educación, sino también qué podemos dar. Queremos crear una hoja de ruta compartida y que nuestra voz sea escuchada. Para eso necesitamos del apoyo más amplio posible.